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Martes, 16 Mayo 2017 14:42

Conclusiones del II Seminario de Seguridad Social

Resultado de imagen para II seminario seguridad social 2017 udeaEl pasado 27 de abril, se desarrolló el II Seminario de Seguridad Social en la Universidad de Antioquia por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y auspiciado por Proantioquia y el Centro de Pensamiento Social. El objetivo central fue señalar los principales retos y recomendaciones que debe enfrentar y adoptar el sistema de seguridad social en Colombia. Las líneas de análisis giraron alrededor del panorama de la seguridad social en América Latina (AL) y Colombia, los desafíos que presenta la protección social en materia de vejez, los diferentes escenarios de la seguridad social rural en el marco del posconflicto, y la cultura ciudadana de la seguridad social en Colombia. 

 

Desde comienzos de siglo, a nivel regional y nacional, la seguridad social ha tenido avances significativos reflejados en la reducción de la pobreza –  enmarcada como el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio – de un 44% a un 30,4% en 2015; casi 14 puntos porcentuales logrados por asuntos como el crecimiento económico de la mayoría de los países de AL; avance que permitió mejoras redistributivas a través de programas monetarios condicionados, mayor expansión en la inversión social y un efecto demográfico de disminución de la fecundidad y el tamaño medio de los hogares. No obstante, factores de desigualdad social y productiva han tenido efectos sobre la capacidad adquisitiva de las personas, esto es, si bien el crecimiento económico mejoró las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos, la acumulación de capital se centró en las clases más altas.

 

Por su parte, la seguridad social en Colombia también tuvo avances significativos a pesar del rasgo marcado de la informalidad en el mercado laboral. De cara al tema de pensiones, el nivel de cobertura entre los años 2001 y 2011, pasó de 41% a 57%; y en materia de salud en este mismo periodo de tiempo, pasó de 53% a 92%. Si bien se percibe un logro destacable en el nivel de cobertura de salud no solo en Colombia, sino también en muchos países de América Latina, se presentan retos en términos de la segmentación de los sistemas en tanto fondos separados de financiación; de igual forma, la expansión en la cobertura ha generado presiones en los mecanismos de financiación del sistema, sumado a la discusión pública de si los países tienen la capacidad de cubrir todos los servicios disponibles.

 

En pensiones, uno de los principales desafíos que enfrenta Colombia está relacionado con su capacidad, tanto desde el sector productivo como desde el sector público en materia de inversión, de generar mayores oportunidades de empleo formal que se reflejen en el aumento del número de cotizantes en el sistema para su sostenibilidad en el tiempo. Mientras otros países de la región, entre 2011 y 2015, aumentaron el número de cotizantes a un ritmo promedio del 3%, Colombia lo hizo al 2%.

 

En consecuencia, es necesario que en Latinoamérica y en Colombia se generen mecanismos para desligar toda la protección social del empleo y se considere una articulación entre la política social y medios y personas inscritas en el mercado laboral informal, tales como esquemas asociativos y mecanismos comunitarios que han sido usados tradicionalmente por comunidades excluidas del sistema de seguridad social para incorporarse a este.

 

Por su parte, la protección social de cara a la vejez debe partir del hecho que en Colombia la población mayor de 60 años ha aumentado del año 1985 de 7% a 11% en 2015, y con proyección al 23% en 2050. Lo anterior plantea la encrucijada de la transición demográfica en países en desarrollo: mientras la población envejece, la sostenibilidad del sistema de protección social se hace más tenso y las condiciones del mercado laboral formal no mejoran. Y aunque existe un marco normativo que busca proteger los derechos de las personas mayores –  como la Política Colombiana de Envejecimiento Humano, la Ley 1751 de 2015 y la Ley 1251 de 2008 – la Misión Colombia Envejece expone que el 23% de los mayores de 60 años pertenecen al subsistema de general de pensiones y se encuentran por debajo de los estándares internacionales, dejándolos expuestos a una condición de vulnerabilidad. A esta situación se suma los factores de carga al sistema de salud debido a la mayor demanda de servicios especializados y al mayor riesgo de hospitalización y discapacidad.

 

En materia de protección social rural, un escenario de transición política recobra una serie de desafíos en el sentido de crear oportunidades en estas zonas a través de un posicionamiento institucional que ha sido distorsionado por las dinámicas del conflicto armado. De esta manera, es evidente la desigualdad que existe entre los entornos rurales y urbanos en el país: mientras que en las zonas urbanas el 41,3% de los hogares cuenta con seguridad social contributiva, en la rural esta cifra es del 9%. Esto último debido a un mercado laboral rural de carácter heterogéneo con primacía del trabajo independiente como fuente de ingresos y ocupación. Por su parte, la protección social subsidiada es mayor que en lo urbano: 33,4% frente a un 12,5%. Sin embargo, más de la mitad de los hogares al margen de los cascos urbanos no cuenta con protección social alguna, lo que genera una carga mayor a programas de transferencias monetarias como Más Familias en Acción. Si bien los niveles de desprotección en entornos rurales son superiores al 50%, en regiones como la Central, Oriental y Antioquia es aún más alto.

 

En este sentido, las apuestas que deben librarse en los territorios rurales del país, tanto desde el gobierno nacional y gobiernos locales y regionales, como desde el sector privado, tienen que estar orientadas a generar oportunidades laborales más allá de las que comprometen actividades agropecuarias, con el fin de diversificar la fuente de ingresos y las perspectivas laborales de estas zonas. Estas estrategias deben estar acogidas en la política pública, reconociendo el contexto y la caracterización poblacional, con el propósito que las acciones que se desplieguen de manera intersectorial apunte a las necesidades y a las ventajas de los territorios. Asimismo, para algunas poblaciones rurales será necesario implementar políticas complementarias, ya que la heterogeneidad rural abre el espectro a rasgos propios que pueden ser más propensos al desarrollo de actividades no agropecuarias. De igual forma, la promoción de esquemas asociativos y cooperativos, resulta en una estrategia fundamental para el acceso no solo a los servicios del sistema de protección social, sino también en la definición de una oferta más eficiente a la demanda del mercado y, con esto, el incremento de los ingresos por hogar. 

 

Por último, la salud como reto de cultura ciudadana abre la discusión de cómo el sistema de salud tiene características similares a otros sistemas, pero la solución a sus problemas ha estado concentrada en un ámbito jurídico. No obstante, es importante tener visiones diferentes encaminadas a generar acción colectiva en torno al sistema; es decir, es determinante la perspectiva de cooperación y confianza que debe articular a los diferentes actores que componen el sistema. Sin embargo, hay actos de corrupción y evasión que minan su credibilidad. Por esta razón, apuestas desde la cultura ciudadana son cruciales para reforzar institucionalmente el sistema y hacer viables medidas de rescate y afianzamiento a partir de acuerdos sociales por la salud. 

 

En conclusión, para que se generen cambios pertinentes en el sistema de protección social en América Latina, pero especialmente en Colombia, es necesario que se dispongan de programas para la creación de empleos formales, tanto a nivel urbano como rural. Asimismo, el sistema de salud debe adoptar cambios estructurales que entiendan los límites en la prestación del servicio, con el fin de permitir su sostenibilidad financiera a largo plazo. Por su parte, en entornos rurales es indispensable que las políticas de promoción territorial en materia económica, social, cultural y medioambiental se alineen con las características propios de los entornos, generando oportunidades adecuadas a las capacidades, además del fomento a figuras asociativas y cooperativas de producción campesina. Por último, asuntos de cultura ciudadana, cooperación y solidaridad intersectorial son transversales para que el sistema de salud encuentre soluciones mediante el aporte de cada uno de los actores y agentes que lo componen y hacen uso de este. 

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